En Costa Rica, la deuda pública ha alcanzado los ₡29.211.399 millones (aproximadamente $55.269 millones), un aumento de ₡449.117 millones desde finales de 2023. Este aumento pone de relieve los desafíos que enfrenta el país en un contexto donde la deuda global se ha cuadriplicado desde la década de 2000. Actualmente, el 60% de los países emergentes y en desarrollo enfrentan problemas de sostenibilidad financiera, y el 80% de la población de América Latina se ve afectada por medidas de austeridad debido a. altos niveles de deuda.
Durante la VIII Conferencia Internacional sobre Flujos Financieros Ilícitos, Daniela Berdeja de la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social (LATINDADD) enfatizó que la deuda actual está en manos de los bonistas, lo que la hace más opaca en términos de negociaciones y condiciones. Este aumento de la deuda crea una presión fiscal significativa, ya que una gran parte de los ingresos fiscales se utiliza para el pago de intereses, lo que limita el crecimiento económico en la región.
En el caso de Costa Rica, la deuda externa aumentó en ₡664.535 millones, mientras que la deuda interna disminuyó en ₡215.418 millones. Berdeja destacó que el pago de intereses ha supuesto un ajuste fiscal que afecta a sectores vitales como la sanidad y la educación. En Costa Rica, el 46% del presupuesto se gasta en pago de deuda e intereses.
Un análisis del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional muestra que el país pagará ₡2.451.952 millones sólo en intereses al cierre de 2023, monto casi igual a lo destinado para financiar la educación pública.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, reconoció que el alto costo del servicio de la deuda limita el “gasto social” y que existe una necesidad urgente de implementar reformas tributarias. Propuso una reestructuración del sistema tributario, incluida una mayor carga fiscal para los más ricos y un enfoque en el desarrollo económico sostenible.
Berdeja también abogó por reformas a nivel internacional que incluyan el alivio de la deuda, la abolición de la carga de intereses y el acceso a financiación concesional para mejorar la situación económica de los países latinoamericanos.
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